En estos últimos años en el Perú y especialmente en Cajabamba, la mayoría de problemas que provoca la minería son de tipo ambiental y social. En cuanto al primero, se encuentra la contaminación y, en el segundo, la salud de los ciudadanos y el rol de las autoridades y del Estado. En las siguientes líneas, se presentarán detalladamente las posibles soluciones para dichos problemas.Los problemas de la minería se originan, por lo general, a nivel de la minería artesanal y la pequeña minería. En la minería artesanal la informalidad de la misma constituye su principal problema, ya que limita las posibilidades reales para su desarrollo integral: contaminación ambiental, depredación de yacimientos existentes, graves deficiencias de seguridad, discriminación social y económica, conflictos con las compañías mineras formales, falta de transparencia en los manejos financieros, etc. Estos son solo algunos de los efectos más importantes. Otro problema es que políticamente no es bueno permitir que esta actividad se mantenga en la informalidad, porque afecta la credibilidad del país en tanto se afirme oficialmente que es política-nacional, apoyar la inversión minera en condiciones de estabilidad y seguridad jurídica. En cambio, en la pequeña minería, principalmente, el problema se origina en la precariedad del trabajo, caracterizada, aparte de una faena muy dura, por graves deficiencias de seguridad, y las consecuencias extremadamente negativas para la salud, causadas directamente por intoxicación, accidentes, polvo, etc. Pero también, indirectamente, por la gran cantidad de agua estancada que en zonas cálidas es lugar de incubación para anáfelos y otros agentes patógenos. En relación a las causas políticas, existe una débil fiscalización por parte del Estado peruano sobre los aspectos ambientales. A través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que es a su vez propietario o accionista de empresas mineras, es regulador de las políticas del sector minero, es fiscalizador para el cumplimiento de las normas ambientales y a la vez promotor de las inversiones mineras. Por ello, el MEN, decide sobre tierras, agua, y la inversión minera. No existe ninguna institución que vigile las actividades del Ministerio de Energía y Minas que proteja los derechos e intereses de las comunidades afectadas. Por otro lado, vemos que la constitución, dirigida a la minería, ha hecho recaer en el Estado la función de evaluar y preservar los recursos naturales, fomentar su racional aprovechamiento y promover su industrialización para impulsar el desarrollo económico, según lo establece el Art. 119(Ministerio de Energía y Minas 1993: 160). Sin embargo, el Estado no está cumpliendo con dichas funciones; por ello, surgen los problemas de la minería ya expuestos anteriormenteLos métodos que pueden ser empleados para controlar las diferentes fuentes de contaminación en la industria minera son numerosos. Entre ellos, está el control del polvo, es decir, en las etapas de minado y concentración de minerales. La manera de controlar la emisión del polvo es previniendo su formación al controlar la humedad del material a ser movido (Ministerio de Energía y Minas 1993: 52). Por otro lado, se encuentra la contaminación producida por los gases, entre los cuales está el dióxido de azufre, compuesto más común que se encuentra en los gases producto de los tratamientos metalúrgicos, y desde hace tiempo un contaminante indeseable en la atmósfera. Ante la propagación de este gas, la solución ha sido dispensar los contaminantes por medio de chimeneas altas, las cuales evitan la contaminación de la población aledaña, pero a su vez, conlleva una serie de desventajas (Ministerio de Energía y Minas 1993:53).El actor preponderante en las soluciones de estos problemas es el Estado en conjunto con las empresas mineras, ya que estos deben asumir los pasivos ambientales y sociales en el desarrollo de sus actividades mineras. En cuanto a lo político, el Ministerio de Energía y Minas debe ser regulador de la política minera y fiscalizador del cumplimiento de las normas ambientales para el desarrollo de la actividad minera, mientras que las comunidades (sociedad civil) deberán realizar un rol de vigilancia ambiental y social al sector minero y al Estado, por su parte, debe controlar que las empresas puedan medir el nivel de la calidad ambiental y realizar programas de monitoreo permanentes para conocer cuáles son las concentraciones existentes para los contaminantes más relevantes (Centro de Invetigación para el Medio Ambiente (CIPMA), 2000).Con respecto a las posibles soluciones para el bienestar de la salud pública de la población en áreas de influencia de la actividad minera, es necesaria la promulgación de una ley que cree el "Seguro Ambiental" para cubrir desastres, accidentes y pasivos ambientales producidos por las empresas mineras (PALACÍN, Miguel, Presidente de CONACAMI - PERÚ).En resumen, el problema de la minería no es en sí misma, si no la falta de responsabilidad de los empresarios mineros que no respetan los estándares ambientales, desequilibrando el ecosistema, además de generar problemas sociales. Para esto, el Estado debe crear instituciones que vigilen las actividades mineras para que protejan los derechos de las comunidades mineras que han sufrido este profundo impacto.
Ing. Ambiental: Baruch Muñoz Sánchez
